No soy enemigo de la paz, tampoco deseo que las conversaciones en la Habana fracasen. Pero, pensando políticamente, “la marcha por la paz” tendrá negativas consecuencias en la futura propuesta electoral del actual presidente de la República, Dr. Juan Manuel Santos.
El predecible efecto, lo sustenta la afectación de variables políticas de difícil control. Tengamos por ejemplo: el capital político que la convocatoria le sumó al llamado movimiento “marcha patriótica”, cuestionado grupo al que horas más tarde el ministro de defensa colombiano le achaca nutrirse financieramente de dineros provenientes del narcotráfico y la minería ilegal.
Segundo, la definición del mensaje político. A partir de este momento, el debate electoral apunta principalmente a los temas de seguridad y diálogos de paz que divide a los colombianos.
Finalmente, pero más preocupante, el debilitamiento que sufrirán los partidos políticos colombianos como consecuencia de la indeterminación en la vigencia de las normas electorales que sustentan nuestro actual sistema democrático. Los actuales congresistas fueron elegidos para un periodo constitucional de cuatro (4) años, el cual culmina con la posesión de los próximos electos el 20 de julio de 2014. Las elecciones para Senado y Cámara de Representantes tendrán lugar durante el mes de marzo de ese año.
Un final feliz en la Habana presupone, como en el pasado, la concesión de espacios políticos en el legislativo colombiano al grupo (o a los grupos) que se reintegra a la vida civil. Ello es posible a través de dos vías: la aceptación de los desmovilizados para participar electoralmente atendiendo las reglas del sistema electoral vigente o cambiando el sistema a través de una reforma constitucional.
La primera de las vías no se muestra segura debido al comportamiento electoral del votante colombiano. Una cosa es que el país se encuentre dividido entre quienes están de acuerdo con la forma en que se adelantan los diálogos y quienes no, y otra muy distinta, que voten por los candidatos que las FARC propongan.
La segunda, tiene el peligro potencial de dejar sin eficacia la próxima elección de los congresistas. Una reforma constitucional previa a las próximas elecciones de senadores y representantes es imposible según los tiempos que exige cada mecanismo de reforma.
El resultado, el desgaste político de los partidos quienes tendrán que doblegar esfuerzos para asegurar la representación. |
